En el plano económico existen dos maneras (Lucro Cesante y Daño Emergente) de manifestarse los daños como consecuencia de un incumplimiento imputado a un tercero.

Ambos conceptos se refieren a una lesión patrimonial, pero la diferencia es que el Daño Emergente se refiere a la pérdida patrimonial sufrida por el acreedor, y el Lucro Cesante se refiere al beneficio que dicho acreedor ha dejado de percibir.

Mientras que el Daño Emergente se refiere a un daño que ya se ha producido, la complicación que tiene la prueba del Lucro Cesante es que no se refiere a un hecho acontecido sino a un hecho que podría haber acontecido y que no se produjo como consecuencia del incumplimiento de un contrato.

La indemnización

Puesto que para la obtención de la prueba del Lucro Cesante, se requiere de ciertas dosis de incertidumbre o aleatoriedad, esto explica que los tribunales sean cautelosos en el reconocimiento de la indemnización.

Por otro lado, no todos los daños causados al acreedor por el incumplimiento del deudor, aun probados, son indemnizables, de manera que una cosa es la prueba de los daños causados y otra es su imputación jurídica, conforme al criterio que justifica el deber de indemnizarlos.

El incumplimiento implica la insatisfacción del interés del acreedor, pero no necesariamente supone un daño económico. En ese caso el incumplimiento, en lugar de una indemnización, otorga al acreedor la posibilidad de desvincularse del contrato a través de la resolución.

La prueba

Respecto a la carga de la prueba, corresponde normalmente a la parte perjudicada, que suele ser la demandante.

Para ello necesitará acudir a un Perito que a través de un Informe Pericial, acredite ese beneficio dejado de percibir, y establezca el “quantum” del Lucro Cesante.

La jurisprudencia exige rigor en la valoración de la prueba sobre la existencia del Lucro Cesante y sobre todo de su importe, para lo cual debe acreditarse el nexo causal entre el acto ilícito y el beneficio dejado de percibir.

Dicha cantidad debe estar bien calculada, pues con frecuencia los tribunales dejan de conceder indemnización por las ganancias perdidas, no porque estas no se hayan determinado sino porque no se han cuantificado bien.

Hay que tener en cuenta que a partir de un hecho admitido o probado, el tribunal podrá presumir la certeza de otro hecho, si entre el admitido y el presunto existe un enlace preciso y directo.

Pero la prueba de la ganancia frustrada y la prueba de su cuantía, plantéa diversos problemas. Si bien demostrar al Juez la existencia de una ganancia perdida, en muchos casos no es complicado, no ocurre lo mismo con el cálculo de su cuantía, porque su importe dependerá de distintas circunstancias.

Por ejemplo, para acreditar la ganancia perdida por un negocio que ha tenido que cerrar, se deberá acudir a la prueba de hechos tales como las ganancias que tenía durante el año anterior, para lo cual se necesitará analizar la contabilidad o sus declaraciones fiscales, y además se deberán conocer datos sobre el sector de actividad en el que se encuadra el negocio afectado para tener conocimiento de tendencias o comportamientos del mismo.

Elena Baranda Matamoros

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